Nacional.- En Perú, ejercer el periodismo se ha vuelto cada vez más riesgoso. Solo en 2025 fueron asesinados cuatro periodistas: Gastón Medina, en Ica; Raúl Celis, en Iquitos; Fernando Núñez, en Pacasmayo; y Mitzar Castillejos, en Aguaytía. Todos trabajaban en regiones y habían investigado corrupción, criminalidad o presuntas irregularidades de autoridades locales. Hasta hoy, ninguno de esos casos ha sido completamente esclarecido.

El reciente informe “Cartografía del Silencio”, elaborado por la red regional Voces del Sur, advierte que Perú figura entre los países latinoamericanos donde los actores estatales aparecen con mayor frecuencia vinculados a agresiones contra la prensa. Más de la mitad de los ataques registrados en 2025 provinieron de funcionarios, fuerzas de seguridad u otros representantes del Estado.

Para la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, la situación refleja un deterioro sostenido. Uno de los puntos que más preocupa al gremio es el crecimiento del hostigamiento judicial. Según Lainez, cada vez se registran más casos de comunicadores bajo investigación tras publicar denuncias de corrupción. Aunque varios casos terminan archivados, el desgaste económico y psicológico ya está hecho. “El objetivo es generar.

Impunidad y brechas regionales

El problema golpea con mayor fuerza fuera de Lima. Muchos periodistas trabajan solos, conducen programas radiales o manejan plataformas digitales sin respaldo institucional. Cuando investigan autoridades o redes ilegales, quedan rápidamente expuestos. No es casual, advierte la ANP, que los cuatro periodistas asesinados fueran comunicadores regionales.

La impunidad empeora el panorama. Aunque en algunos casos existen presuntos sicarios detenidos, todavía no se identifica con claridad a quienes ordenaron los crímenes. Esto envía un mensaje peligroso: atacar a periodistas no tiene consecuencias.

Violencia que persiste y aval desde el Estado

Lainez sostiene que las amenazas se han profundizado en los últimos años con discursos estigmatizantes desde el Ejecutivo, ataques constantes desde el Congreso y proyectos de ley orientados a restringir el trabajo periodístico. Según recordó, en los últimos cinco años el Legislativo ha presentado reiteradamente iniciativas que buscan endurecer sanciones por difamación, limitar la difusión de información fiscal o policial y presionar a medios de comunicación.

A ello se suma un escenario político que, según gremios, alimenta cada vez más la confrontación contra la prensa. Lainez cuestionó que desde distintos sectores del poder se acuse constantemente a periodistas y medios de buscar desestabilizar gobiernos o actuar con intereses políticos: ‘‘Las agresiones terminan normalizándose’’.